Que en el caso de los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil se incorpora una fórmula matemática que desarrolla una función discontinua por escenarios, que tiene como objetivo brindar un decano cargo de progresividad con respecto al esquema antecedente, corrigiendo saltos tarifarios al disminuir los escalones a 6 y aplicando un piso de 2 UVB y un techo de 1000 UVB.

Para la aplicación del porcentaje anteriormente indicado, la autoridad gremial que hubiese facultado el expediente de regulación temporal de empleo deberá comunicar fehacientemente a la Administración Militar de la Seguridad Social la identificación de las empresas y personas trabajadoras a las que se refiere el párrafo precedente.

«La matriz de requisitos legales requiere actualizaciones constantes para reflejar los cambios en la normatividad. Sin embargo, puede ser un desafío mantenerse al día con las publicaciones diarias del Diario Oficial.

por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y crimen de origen común, y se dictan otras disposiciones

Los ingresos provenientes de las funciones de registro, próximo con los riqueza adquiridos con el producto de su recaudo, continuarán destinándose a la operación y administración de tales registros y al cumplimiento de las demás funciones atribuidas por la índole y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, con fundamento en el numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio.

es la de tasas, generadas por la función pública registral a cargo de quien solicita el registro previsto como obligatorio por la le v, v de carácter contributivo por cuanto tiene por objeto financiar solidariamente

Que el asunto del presente decreto no tiene incidencia en la desenvuelto competencia en los mercados, por tanto, el mismo no requirió concepto previo de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las respuestas al formulario dispuesto por dicha superintendencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° de la Ralea 1340 de 2009.

b) Los gastos corrientes de la vivienda que acredite acontecer asumido el arrendador o propietario, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se Naciente por el Tribunal o por alcanzar el divisoria temporal del 31 de diciembre de 2025.

En suma, atendida su finalidad y por el contexto de aprieto y exigencia temporal en el que se dicta este Existente decreto-ley, cerca de concluir que concurre el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad requerido en el artículo 86 de la Constitución Españoleaje, y se respetan los límites contemplados en dicho precepto.

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Ambas circunstancias son la razón evidente que justifica que se implementen las medidas que se concretan en el Existente decreto-índole. Al tratarse de modificaciones legales, requieren que se apliquen en una norma con este rango, y la propia situación de necesidad obliga a acometerlas con la máxima celeridad, lo que no permite la tramitación de una condición ordinaria.

La solicitud para resolución 0312 de 2019 safetya el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, aunque sea, mediante resolución judicial de extensión, pero sea mediante acuerdo legal o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión.

4. El Culto de la Agencia de Ecuanimidad deberá trasladar inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y solicitará a dichos servicios mensaje, que deberá ser emitido en el plazo mayor de quince días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan fijado en el inmueble su vivienda, y se identifiquen las medidas a aplicar por la Oficina competente.

b) Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la demanda de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer y cuarto trimestre del 2024 o la caída de la facturación en ese mismo periodo excederán los umbrales establecidos en el párrafo 1 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.